El Cobanaro
Por Octavio Almada Palafox
No se puede concebir funcionamiento alguno del gobierno si las instituciones que realizan sus operaciones no están funcionando adecuadamente. En México no sabemos realmente cuál es la situación de las instituciones. Debería ser importante para todos que las instituciones adoptaran un sistema de evaluación y de comunicación social para tener en cuenta su estado de salud.
Actualmente hay análisis y diagnósticos que estudian el estado de salud en que las instituciones se encuentran. Su eficacia, su eficiencia, el equilibrio interno de sus sistemas, sus aprendizajes, inercias, sus tensiones internas, la organización de su personal, su grado de coherencia y asociación, el poder sindical, las capacidades de autoevaluación, la infección de actividades de corrupción, su sistema de sanciones. Es cierto, es muy complejo y los ciudadanos deberíamos contar con una entidad de evaluación de las instituciones y diagnósticos, alertas ciudadanas. La importancia la salud institucional es extrema porque de ello depende gobernar las situaciones de estabilidad y las de emergencia.
Tenemos en claro que el arribo de la 4T, a las estructuras de gobierno fue un arribo a una catástrofe institucional. La corrupción atascó todo el sistema. Considero que aún no tenemos la consciencia del grado de descomposición de estas entidades. Los gobiernos anteriores, si existiera una forma de sancionar las actuaciones, tendrían que estar en prisión por la ineptitud crónica para intervenir en las instituciones que caminaban prácticamente en una suerte que mezclaba inercia e insaciabilidad por el robo. Pero no, esta gente de grado delincuencial están tan campantes sirviendo de lastre y obstáculo para cualquier paso que toma el gobierno de la transición. El diagnóstico tiene que ser aterrador: los grupos que gobernaron cuatro o cinco sexenios atrás, prácticamente impidieron un desarrollo de las potencias institucionales en un país que crecía aceleradamente y que iba incorporando recursos técnicos de alto valor que fueron desperdiciados y subutilizados. Esto lo vivimos con especial agudeza en el tema de seguridad que también fue convenientemente infestado por esa pusilanimidad para gobernar. Se delegó, incluso en los estados a que el gobierno lo tomara la delincuencia organizada. Usted sabe que vivimos ahora en la cauda de ese problema y que en 18 meses de gobierno no se puede revertir lo que se cultivó con sangre y dinero en 18 años.
Las dificultades de la transición se iban capoteando y sobrevino un impacto inédito y mayúsculo que aún no toma su forma madura, la pandemia. Si el sistema de seguridad lo dejaron como un remiendo, el sistema de salud lo dejaron como un sistema agónico. Y muchos inocentes o dolosos piden que el sistema tenga las capacidades de contener una fuerza viral desconocida. Prácticamente imposible y sorpresivamente se está dando la batalla.
Y así llegamos al tema que nos ocupa. Uno de los procesos de saneamiento que implica prácticas institucionales del pasado, es la que el Presidente López Obrador está llevando a cabo contra ciertos fideicomisos. Este instrumento, y me remito al excepcional documento elaborado por una fundación llamada FUNDAR, llamado “ Fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público” se refiere a los fideicomisos públicos que, al ser una figura perteneciente al ámbito privado que pasó formar parte de la administración pública, se ha ido configurando a partir de mecanismos complejos que los gobiernos en turno han aprovechado para mantener espacios de opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos, sin ninguna consecuencia. Pues que cree, ahora sí hay consecuencia.
El presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la extinción de ciertos fideicomisos. Esto generará ahorros por 250,000 millones de pesos para hacer frente a la emergencia sanitaria del coronavirus Covid-19. La emergencia sanitaria tiene sus contundentes exigencias y previsiblemente hay resistencia a ello. Hay que recordar que los fideicomisos presentan una ausencia de mecanismos de control que permite que los recursos escapen del escrutinio público y abran espacios a posibles actos de corrupción.
Fundar nos indicó: De los 374 fideicomisos existentes a nivel federal, solo 19 tienen una estructura que permite su fiscalización y seguimiento. Aún más, al 31 de diciembre de 2017, al menos 139 de los fideicomisos con recursos públicos están constituidos en instituciones financieras privadas, por lo que más de 69 mil mdp son imposibles de fiscalizar, ya que su información está protegida por el secreto fiduciario y el principio de confidencialidad.
El monto total de dinero público resguardado en fideicomisos es de 835 mil 477 millones de pesos, el documento mencionado señala que también se han registrado sobreejercicios importantes en los recursos destinados a Fideicomisos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. En múltiples ocasiones, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado los riesgos de opacidad, pues ha identificado que los fideicomisos no entidad paraestatal (sin estructura administrativa) permiten discrecionalidad en el ejercicio de los recursos. “Son esquemas creados para canalizar, aún en años posteriores, recursos remanentes en vez de reintegrarlos a la Tesorería de la Federación”. Estas prácticas abren la puerta a la posible desviación de fondos de las cuestiones prioritarias para los ciudadanos.
Es por eso que parte de las acciones para combatir la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19 y la caída de los precios del petróleo, López Obrador ordenó la extinción de al menos 100 fideicomisos destinados a la ciencia y la cultura que no tuvieran estructura orgánica. En ese sentido, el mandatario federal detalló que estos instrumentos, sin control sobre su aplicación, también era el “guardadito” de sectores de la comunidad científica y tecnológica.
Por supuesto que los sectores afectados levantaron la voz para quejarse pero no para proponer una reestructuración y someter a la transparencia los dineros públicos invertidos a ello. El Presidente nunca dijo que se dejaría de apoyar a esos sectores que diversos estudios acusan de corruptelas. El apoyo será directo sin intermediarios, tal como se está haciendo a muchos apoyos del gobierno que se saltan a organizaciones o grupos que mordían los presupuestos.
Cada paso presidencial en la lucha contra la corrupción, el dispendio, las desviaciones de fondos, presenta grandes resistencias mediante un discurso victimista y chantajista con apoyo de medios de comunicación que fueron librados de su dependencia. En medio de una inmensa crisis, el Presidente maniobra contra todo. Pocas veces se ha dado una lucha así, la de un hombre que no pertenece al sistema caduco y que día con día está levantando a un coloso enfermo. Revolucionar las instituciones es su objetivo.
“Revolucionar las instituciones, el correr a nivel del mar o en el nevado de Toluca” Octavio Almada
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