Con 370 votos a favor de un total de 500, las reformas a los artículos 7, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución, establece que el jefe del Ejecutivo podrá ser acusado de traición y delitos del orden común.
Cabe señalar que los funcionarios no serán sancionados con penas privativas de libertad por deudas de carácter civil, ni tampoco por las conductas que atenten contra el honor de las personas como difamación, calumnia e injuria.
Además se les puede imputar penalmente durante el tiempo del cargo que ocupen a gobernadores, diputados locales, Magistrados de los Tribunales de Justicia de las entidades federativas, Consejos de las Judicaturas, presidentes municipales, alcaldes y concejales.
Para la aplicación de las sanciones, la Cámara de Diputados procederá a la acusación ante el Senado previa declaración de la mayoría absoluta, “y en el caso del Presidente de la República, se requerirá de mayoría calificada”.